Sin conexión

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La brecha digital se hizo más notoria durante la pandemia, donde el trabajo y la educación remotos dan cuenta de la necesidad de tener conectividad y dispositivos tecnológicos. Internet como Derecho Humano y otro campo de desigualdad.

La pandemia dejó en evidencia la desigualdad digital.

Por: Sofía Moure

La pandemia puso al descubierto lo que pareciera ser un sinfín de problemas y falencias a nivel socio-político, económico y cultural. Algunos, como la enorme desigualdad social estructural, no son novedad, pero la situación de aislamiento las pone sobre la mesa de formas distintas. Y la brecha digital es una de ellas.

El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) -hoy ya en sus múltiples y diversas etapas de apertura-, obligó a miles de personas a recurrir a modalidades de trabajo y educación remotas. El teletrabajo se volvió casi norma, al punto que fue necesaria tratar una legislación que regulara estas nuevas prácticas que quizás hayan llegado para quedarse definitivamente. Las clases por Zoom y la entrega virtual de tareas y trabajos prácticos transformaron la cotidianidad de niños, niñas, adolescentes, universitarios y, también, de docentes.

En este escenario, el acceso o no a Internet, así como a los dispositivos tecnológicos necesarios para llevar a cabo las actividades, cobra una relevancia mayor. Y es así como la brecha digital, tan hablado durante la década del ‘90, vuelve a estar en boca de todos.

Ahora bien, ¿qué es la brecha digital?

Brecha digital: diferencias de acceso a las TIC.

Según Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información, investigador y profesor universitario, este concepto “define las diferencias en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), es decir que refiere a la distancia que separa a quienes tienen acceso respecto de quienes no tienen acceso o tienen accesos muy precarios a recursos que hoy son esenciales para garantizar condiciones de vida dignas.” Por lo tanto, las diferencias de acceso, de distribución de las TIC reproducen las exclusiones y desigualdades que se registran en otros ámbitos: “de ahí la importancia cardinal de políticas públicas para corregirlas o superarlas.”

El concepto “brecha digital” aludía originalmente a la diferencia de acceso a Internet. Pero con el pasar del tiempo y el desarrollo y masificación de las tecnologías, se fue complejizando y, dentro de incluso quienes acceden a la conectividad, hay muchas formas de acceso. “Las desigualdades no son simplemente cuestiones de acceso a infraestructura: hay que tener en cuenta la apropiación de tecnología por parte de las personas, sus capacidades, sus circunstancias de vida”, sostiene Mariela Baladrón, investigadora y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), abordando la idea de manera interseccional.

La complejidad y desigualdad son todavía mayores en el contexto actual de pandemia. Como expone Becerra, “la ficción democratizadora de las TIC encuentra en las condiciones materiales de acceso a las tecnologías por parte de los sectores populares en el marco de la pandemia Covid-19, su fracaso más cabal: las brechas digitales, que hemos documentado en varias investigaciones, afloran a la vista del conjunto.”

El acceso a dispositivos tecnológicos es tan importante como el acceso a Internet.

¿Y por casa cómo andamos?

Argentina es un país muy grande y su población, de casi 45 millones de habitantes, tiende a concentrarse en los grandes centros urbanos, dejando vastas porciones de territorio con escasa densidad poblacional. A esta situación se le suma una desigualdad estructural que se evidencia, sobre todo, en un índice de pobreza que no fue menor al 25% en los últimos 30 años -si bien hubo un descenso de la pobreza multidimensional entre 2003 y 2018. 

“Esta situación constituye un desafío para las políticas públicas inclusivas, pues la cohesión social, las políticas de igualdad y la integración de geografías inmensas son objetivos arduos”, sostiene Becerra, y considera que  el acceso a servicios básicos como la salud, la educación, la energía, el transporte y las comunicaciones está condicionado por ello. “Por ejemplo, según la cámara empresarial del sector, en el país hay 5 millones de hogares pasados con fibra óptica pero solo hay un millón conectado, lo que experimenta un crecimiento incluso en el primer semestre 2020; pero lo que revela esa información es que para muchos hogares no es posible pagar por el servicio que, obviamente, quisieran tener”, sostiene.

Actualmente, y si se quiere una imagen de lo que es la brecha digital, un tercio de los hogares no tiene conectividad fija y las condiciones de acceso móvil están estructuradas según niveles de ingresos, por lo que los sectores con menores recursos, que son mayoría, tienen accesos prepagos con pocas prestaciones y, consecuentemente, restricciones a la hora de utilizar datos, tal y como cuenta el especialista en políticas de medios, telecomunicaciones y TIC.

Las redes de Internet están distribuidas irregularmente, como la población. Fuente: Cámara Argentina de Internet (CABASE)

Esto sucede a pesar de ciertas políticas públicas que se implementaron en función de reducir las desigualdades tecnológicas: el tendido de la Red Federal de Fibra Óptica por parte del Estado; el rol mayorista de conectividad desempeñado por la empresa estatal ArSat; las inversiones realizadas en redes móviles por las tres grandes operadoras del sector a partir de la licitación 4G de 2014; los esfuerzos cotidianos de cooperativas, empresas de estados provinciales (como el caso de La Pampa) y PyMEs. 

Según Becerra, “el Estado podría reforzar su trabajo con políticas que no tiene que aprender de cero. Esto es porque se podría complementar el rol del ArSat con funciones similares en el segmento móvil, y porque ya se han llevado a cabo “experiencias muy saludables” en términos de acceso como el Programa Conectar Igualdad, desmontado durante el gobierno de Mauricio Macri y reemplazado por el plan Aprender Conectados. “El sentido inclusivo de algunas políticas y la corrección de otras estrategias que no colaboraron con la proyección de una sociedad menos injusta bien podría inspirar nuevas acciones y decisiones de la política pública”, enfatiza.

Sin Internet no hay más nada

A muchos nos habrán dicho que la vida después de Internet continuaba, que no estaba todo perdido incluso aunque el Wi-Fi se cayera. Sin embargo, hoy se pueden poner en tela de juicio estas afirmaciones que parecen ser de una época completamente distinta. No, no se acaba la vida sin internet, pero una gran cantidad de actividades -algunas fundamentales como el trabajo, la educación e, incluso, las compras indispensables-, se ven imposibilitadas sin conectividad. Y sin los soportes digitales, también.

“La irrupción de la pandemia de coronavirus trajo aparejadas una serie de nuevas e inesperadas circunstancias que pusieron de manifiesto y profundizaron las desigualdades a nivel digital, asegura Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC). “Por ello, es imprescindible que en este marco se garantice el acceso a internet a todos los habitantes de la Ciudad que lo soliciten y esencialmente se otorgue acceso a internet y computadora al estudiantado porteño”, agrega.

Es por esto que el ODC, junto a la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) y el Frente Salvador Herrera, presentó una acción de amparo colectivo, solicitando a la Justicia “que adopte medidas para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes de establecimientos públicos en el contexto de educación a distancia por suspensión de las clases presenciales y la universalización del acceso a internet para disminuir la brecha digital ante la continuidad del aislamiento social obligatorio.”

El objetivo de la demanda era lograr que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reconociera el Derecho Humano al Acceso a Internet, garantizando la conectividad digital a todos aquellos que no pudieran pagarla; así como Internet y una computadora a cada estudiante de colegios estatales que lo necesitara. Los adultos mayores y los habitantes de Barrios Populares también estaban incluidos en esta medida.

“Actualmente se puede afirmar que el acceso a internet es un derecho fundamental para los seres humanos, no sólo por razones ociosas o de consumo, sino también porque es un derecho conexo a otros, por ejemplo, el derecho a la educación, a la libertad de expresión, a la igualdad de oportunidades, a la información, a participar en la vida cultural, a la salud, al pleno desarrollo de la personalidad, etc.”, expresa al respecto María Eva Koutsovitis, integrante de la CLIC y el IPYPP.

La demanda tuvo muchas idas y vueltas: el GCBA es famoso por el incumplimiento de normativas establecidas hasta que la Justicia lo ordena firmemente -e, incluso entonces, en ocasiones continúa sin cumplir con lo que debe. Sin embargo, finalmente dieron lugar al amparo y confirmaron que sin Internet ni computadoras, no hay educación a distancia.

Queda por ver si la legalidad se mantiene y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta lleva a cabo las medidas que corresponden. 

En la misma línea, el defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejandro Amor, convocó a una mesa de trabajo con representantes del Ente Nacional de Comunicación (ENACOM) y funcionarios del gobierno porteño. El objetivo: que nadie se quede sin acceso a internet en tiempos de aislamiento obligatorio.”

El congelamiento de tarifas y la suspensión de aumentos en telefonía fija, móvil, internet y televisión paga hasta agosto, ordenada por el ENACOM, también es otra medida en esta dirección.

El programa Conectar Igualdad fue una de las medidas acertadas en pos de reducir las brechas digitales.

Mirar hacia adelante

“No hay sector, en ningún campo de actividad, que estuviera preparado para la pandemia, en ningún lugar del planeta. La pandemia fue inesperada, fue obviamente global y sus consecuencias no podían haberse planificado”, explica Martín Becerra frente a la gran pregunta: ¿estaba preparado el sistema educativo para afrontar la educación remota y a distancia? 

Desde su experiencia como profesor, como padre y como investigador de temas afines aunque no específicamente educativos, cree que el sistema educativo puede sacar conclusiones hacia adelante en numerosos aspectos, que van desde su infraestructura física, su función social ineludible como dispositivo de cohesión, construcción de ciudadanía, identificación local y, en muchos casos, sostén alimentario; pasando por la reflexión sobre las capacidades de las y los docentes de los distintos niveles, su preparación, su disposición y sus posibilidades concretas, materiales, específicas de desarrollo de un proceso de enseñanza fuera de los contextos con los que estaban familiarizados, lo que por cierto incluye también a las y los alumnas/os”.

Y no es, desde ningún punto de vista, poco.

Es mucho lo que hay que mejorar y, probablemente, la pandemia no sea el mejor momento para hacerlo debido a la agenda marcada por la imprevisibilidad y la urgencia que no permiten soluciones y políticas a largo plazo -las medidas parecieran ser más de tipo parche, para tapar falencias que se destapan de golpe. 

Un ejemplo de esto es el programa PC Docentes llevado a cabo entre el Ministerio de Educación de la Nación y el Banco Nación: el programa permite acceder a una notebook a precio subsidiado a través de un crédito de hasta 100 mil pesos, a pagar en 36 cuotas. El primer día se agotó el cupo de 25 mil computadoras, lo que muestra la amplia necesidad de equipamiento que hay en el sistema educativo -necesidad que, por otro lado, no satisface el empleador, sino que los empleados se endeudan para cubrirla.

“Y la cuestión continúa por la necesaria reflexión a niveles pedagógico y didáctico (por ejemplo, en mi opinión, es falso que la educación en entornos no presenciales sea per se contraproducente; lo que necesita, igual que la educación en entornos presenciales, es planificación y recursos adecuados, lo que incluye la formación de los agentes del sistema), siguiendo por la gestión institucional y los circuitos de comunicación, que en muchos casos no fueron los ideales y, cuando eso falla, se instala el rumor y la incertidumbre, que erosiona el proceso de aprendizaje y, desde luego, también el proceso de enseñanza”, termina Becerra.

Definitivamente, son muchos aspectos los que deben mejorarse, pero la pandemia -o la post pandemia- es también una oportunidad para ello. Los años venideros dirán qué tanto se aprendió del contexto actual, y qué tanto se trabajó para cerrar esas brechas digitales que, quizás, hoy más que nunca, son evidencias. Porque si la comunicación, el trabajo, la salud y la educación son Derechos Humanos, hoy también lo es Internet. Y si el acceso al trabajo, a la salud y a la educación son necesidades, el acceso a la conectividad, también.

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